El lunes 12, unos 130 presos de la cárcel de Rocha habían iniciado una huelga de hambre para protestar por la muerte de 12 presos en el incendio ocurrido en la madrugada del jueves 8, en lo que se considera la mayor tragedia registrada en la historia carcelaria uruguaya. (ver Correspondencia de Prensa de los días 9 y 13 de julio). Desde el martes, la medida se extendió a la cárcel del Comcar en Montevideo (1.200 de los 3.100 presos), y a las cárceles de los departamentos de Rivera (188 presos) y de Canelones (casi 1.000 presos). En el "Penal de Libertad" (departamento de San José), hubo varias quemas de colchones. Las "quemadas" de colchones son la forma que los presos utilizan para protestar y llamar la atención sobre las condiciones infrahumanas en las que son obligados a vivir.

El preso Ángel Sánchez, alojado en la cuadra 5 de la cárcel de Rocha, dijo que los 130 internos del establecimiento iniciaron una huelga de hambre en reclamo del procesamiento del encargado de la guardia y del efectivo que se encontraba a cargo de la apertura de la celda en la madrugada del incendio. "Queremos que la ley sea pareja para todos. Nosotros cometimos un delito y fuimos encarcelados. Si los guardias actuaron con negligencia también deben ser remitidos", dijo. Según Sánchez, los policías cuestionados se negaron a abrir la puerta. "El encargado de guardia dijo que la apertura de la puerta debía ser ordenada por el director de la cárcel, pero sabemos que es una mentira".

En tanto, los presos de la cárcel de Canelones también resolvieron iniciar una huelga de hambre. A su vez, decidieron no hacer uso de los recreos ni recibir visitas. El paquete de medidas de protesta fue comunicado oficialmente el lunes a las autoridades carcelarias, que ayer pasaron el día expectantes "para garantizar la seguridad y calma de los reclusos". Además de reclamar por lo ocurrido en la cárcel de Rocha, los detenidos de Canelones también exigen que los presos que hayan cumplido la mitad o los dos tercios de su pena sean excarcelados.

Mientras tanto, los presos de la cárcel de Rivera se plegaron a la medida de protesta e iniciaron una huelga de hambre en señal de solidaridad por la tragedia ocurrida en Rocha, informó al diario El País el jefe de Policía Heriberto Fagúndez. Más allá de la medida de los "reclusos", los responsables de la cárcel continuarán brindando los alimentos a los presos, aunque no los consuman.

80% en riesgo de incendio

En un informe entregado ayer al presidente de la Asamblea General, Danilo Astori, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, advirtió que el 80% de "la población reclusa del país" (incluyendo mujeres privadas de su libertad y los niños que viven junto a ellas) corre riesgo de ser víctima de un incendio.

"La posibilidad de que se reiteren hechos similares al incendio de (la cárcel) de Rocha es muy elevada en todo contexto semejante", alerta Garcé en el informe y del cual envió una copia al ministro del Interior, el tupamaro Eduardo Bonomi.

El comisionado parlamentario señala que las "ranchadas" (divisiones precarias que realizan con frazadas y nylon y que junto a la existencia de calentadores fue la causa del incendio en el centro de reclusión rochense) también existen en ocho de los diez módulos de la cárcel Las Rosas de Maldonado; tres de los pabellones de la cárcel de Rivera y en cuatro de los diez sectores del penal de Colonia, dice el informe.

En todos esos centros de detención existen serios riesgos de que se produzca una tragedia similar a la de Rocha en virtud de la "caótica acumulación, en lugares cerrados, de grandes cantidades de elementos combustibles, fuentes de calor y precarias instalaciones eléctricas", sostiene Garcé. Por eso, recomienda a las autoridades la "inmediata sustitución" de las "ranchadas" en todas las cárceles, y en especial en las de Rocha y Maldonado. En cuanto al penal de Rivera, dijo "que en breve será instalado en otro local, plantea la necesidad de consultar a Bomberos sobre las medidas a tomar".

Garcé recomienda verificar que existan "los medios necesarios para la prevención y control de incendios en lugares de reclusión". Además, el comisionado parlamentario plantea que un plazo de 60 días, el Ministerio del Interior y la Dirección de Bomberos elaboren "un protocolo completo de actuación del personal en situaciones de emergencia carcelaria".

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Presos de la cárcel de Rocha inician huelga de hambre.

  En protesta por la muerte de los 12 presos y las graves heridas que sufrieron otros 8 tras el incendio del pasado jueves 8 de julio en la cárcel de Rocha, cerca de 100 presos iniciaron desde el mediodía de ayer una huelga de hambre.
    La iniciativa partió de los presos que se encuentran en el bloque que está al frente del que se incendió y desde el cual uno de los presos filmó todo con un celular.
    Uno de los presos avisó sobre huelga de hambre y dijo que también iniciaron una acción similar los presos de la cárcel de Canelones.
    En el caso de la cárcel de Rocha, la huelga de hambre fue adoptada por unos 100 del total de 120 presos.

    Los familiares marcharon ayer.

    Mientras tanto, en la tarde de ayer, cerca de 400 personas marcharon junto a los familiares, por las calles de Rocha, finalizando en la cárcel, donde se leyeron proclamas y una carta de los familiares.
    “En la madrugada del jueves 8 de julio una de las tantas bombas instalada dentro de los muros de las cárceles detonó y emulando a un atentado terrorista de precisión o el propio infierno, cobró 12 vidas jóvenes de la forma más horrenda”, comenzaba el texto.

    ¿Sancionado por tener un celular o por mostrar la realidad adentro de la cárcel?

    Cabe aclarar que quien filmó el momento del incendio fue sancionado por tener un celular. Sí, fue sancionado por usar el único método que tuvo en sus manos para difundir lo que estaba pasando, por protestar por lo que sucede adentro de las cárceles.
    Además, seamos claros, son los mismos milícos los que dejan entrar y salir lo que quieran de la cárcel, ese celular por el cual están sancionando a quien filmó, entró a la cárcel porque ellos lo dejaron entrar a cambio de algo. Lo que están sancionando no es el tener un celular, sino el que se sepa que dejaron entrar un celular y el que se haya usado en contra de ellos.

    Plantean asistencia psicológica para familiares y presos.

    Bonomi plantea asistencia psicológica para los familiares y los presos. Esto se traduce como: psicólogos para tratar de mantener a los familiares callados y sin quejarse y más psicólogos para generar sumisión entre los presos, porque claro, la represión no es solo mediante golpes y encierro, también es mental.
    Bonomi, el mismo que defendió el accionar de la guardia policial en la cara de los familiares diciendo que “si hubieran demorado más estarían todos muertos”.
    Seguro que si esto hubiera sucedido en el gobierno de la derecha, estaría toda la izquierda quejándose y armando un escándalo. Pero como gobierna la izquierda, no solo se cubren entre ellos mismos, sino que ni la derecha dice nada, ¿qué van a decir?, justo ahora que se están repartiendo los cargos entre todos.