Los ministerios de Interior y Justicia impulsan conjuntamente una reforma legal
 para que el castigo a los que participan en actos vandálicos sea equiparado al terrorismo,
lo que supondrá elevar las penas mínimas de cárcel a dos años, pudiendo los jueces decretar la prisión provisional cuando lo crean conveniente.

Hola compañeros.

Soy José Medina Lomas y os escribo desde la prisión de Jaén - II.
Quiero comunicaros, que con fecha 13 de junio de 2011, a las 13:00H., me ví obligado a abandonar la huelga de hambre que inicié el día 17 de mayo de 2011, a las 13:00H.
Actualmente peso 44 Kg. Y he perdido la sensibilidad en cuatro dedos de la mano izquierda y en el muslo del `pié izquierdo como consecuencia de no haber ingerido nada de azucar. Así que si antes estaba jodido, ahora lo estoy más.

Durante el pasado sábado 4 de diciembre fuimos testigos de una nueva jornada de representación dentro del teatro llamado "lucha contra el terrorismo". Tras meses de investigación, sus serviciales agentes del orden, encontraron la luz en un solo día, atando cabos, consiguiendo encontrar varios arsenales con armas (entre ellas diversas pistolas, 3 kalasnikov, granadas, munición, 50kg de explosivo ANFO y 200 gr de TNT), un coche robado aparcado cerca de los lugares donde encontraron armas (dentro del coche había gorras de la policía griega), y deteniendo formalmente a 6 personas de entre 20 y 30 años y reteniendo a unas 10 personas, en distintos barrios de Atenas y Atica (provincia de atenas), y en Creta, con cargos de pertenencia a banda terrorista. Inmediatamente, la incomunicación de los detenidos con el exterior, incluyendo abogados, se contrapone con las filtraciones de la prensa más sensacionalista, delimitando las informaciones al respecto.

Resultó que conseguí ganar ante el JVP una aplicación ilegal y encubierta del FIES que puede servir para una mayor ayuda pues denotó una inactividad ante el tema y solo estamos dando más tiempo para que continúen con total impunidad. Por ello también presenté una reclamación patrimonial por el deficiente funcionamiento de la administración penitenciaria, que se encuentra en proceso de resolución.