En un sentido estricto la
cadena perpetua es aquella pena que dura toda la vida del condenado,
aunque por extensión también se suele aplicar a aquellas penas de más
de 20 años de prisión por considerarse que un periodo tal privado de
libertad produce graves secuelas psicológicas y físicas, inaceptables
desde un punto de vista humanitario.

En la Unión Europea teóricamente no existe la cadena perpetua entendida
como condena de por vida, ya que en todos los países se contempla la
revisión de la condena y la posibilidad de concesión de la libertad
vigilada pasado un plazo de tiempo, lo que se denomina “cadena perpetua
revisable”. Este plazo límite varía de unos estados a otros: 26 años en
Italia, 20/25 años en Gran Bretaña, 20 años en Grecia, 15 años en
Francia, Alemania, Austria y Suiza, 12 años en Dinamarca y 7 años en
Irlanda.

En el estado español la cadena perpetua no está contemplada por la
legislación y la mayoría de juristas consideran su implantación
incompatible con los principios de la Constitución Española (1978)
relativos al fin resocializador y
reinsertador de las penas de prisión, y la prohibición de penas y
tratos crueles e inhumanos. Estos argumentos esgrimidos contra la
cadena perpetua son los mismos utilizados contra las reformas del
Código Penal del año 2003 o la “Doctrina Parot”, que han establecido en
el estado español la posibilidad legal de aplicar una cadena perpetua
encubierta.

“Doctrina Parot” del Tribunal Supremo (año 2006)
Artimaña judicial creada por la Audiencia Nacional y ratificada por el
Tribunal Supremo, para quitar las redenciones de condena a pres@s
polític@s condenad@s con el Código Penal de 1973 (juzgad@s antes de la
entrada en vigor del Código Penal de 1995). Consiste en aplicar las
redenciones no al tope de condena establecido por los Códigos Penales
de 1973 o de 1995, de 20-30 años, sino al total de condenas recibidas,
con lo que en la práctica supone eliminar dichas
redenciones.

A raíz del caso Mari Luz y del circo mediático montado por la derecha
con motivo de la excarcelación de Iñaki De Juana, se ha desarrollado en
los medios de comunicación españoles un falso debate cargado de
hipocresia y cinismo en torno a la cadena perpetua y la aplicación de
medidas de control postcondena a “terroristas” y violadores. Ante la
contundente y razonada oposición de las asociaciones de jueces y
juristas y ciertos sectores del PSOE el debate fue desmontado debido a
que lo único que estaba quedando en evidencia era que en España existe
una cadena perpetua encubierta más dura que ninguna de las cadenas
perpetuas legales existentes en Europa.