En
un sentido estricto la cadena perpetua es aquella pena que dura toda la
vida del condenado, aunque por extensión también se suele aplicar a
aquellas penas de más de 20 años de prisión por considerarse que un
periodo tal privado de libertad produce graves secuelas psicológicas y
físicas, inaceptables desde un punto de vista humanitario.

En la Unión Europea teóricamente no existe la cadena perpetua entendida como condena de por vida, ya que en todos los países se contempla la revisión de la condena y la posibilidad de concesión de la libertad vigilada pasado un plazo de tiempo, lo que se denomina “cadena perpetua
revisable”. Este plazo límite varía de unos estados a otros: 26 años en Italia, 20/25 años en Gran Bretaña, 20 años en Grecia, 15 años en Francia, Alemania, Austria y Suiza, 12 años en Dinamarca y 7 años en Irlanda.

En el estado español la cadena perpetua no está contemplada por la legislación y la mayoría de juristas consideran su implantación incompatible con los principios de la Constitución Española (1978) relativos al fin resocializador y reinsertador de las penas de prisión, y la prohibición de penas y tratos crueles e inhumanos. Estos argumentos esgrimidos contra la cadena perpetua son los mismos utilizados contra las reformas del Código Penal del año 2003 o la “Doctrina Parot”, que han establecido en el estado español la posibilidad legal de aplicar una cadena perpetua encubierta.

“Doctrina Parot” del Tribunal Supremo (año 2006)
Artimaña judicial creada por la Audiencia Nacional y ratificada por el Tribunal Supremo, para quitar las redenciones de condena a pres@s polític@s condenad@s con el Código Penal de 1973 (juzgad@s antes de la entrada en vigor del Código Penal de 1995). Consiste en aplicar las redenciones no al tope de condena establecido por los Códigos Penales de 1973 o de 1995, de 20-30 años, sino al total de condenas recibidas, con lo que en la práctica supone eliminar dichas redenciones.

A raíz del caso Mari Luz y del circo mediático montado por la derecha con motivo de la excarcelación de Iñaki De Juana, se ha desarrollado en los medios de comunicación españoles un falso debate cargado de hipocresia y cinismo en torno a la cadena perpetua y la aplicación de medidas de control postcondena a “terroristas” y violadores. Ante la contundente y razonada oposición de las asociaciones de jueces y juristas y ciertos sectores del PSOE el debate fue esmontado debido a que lo único que estaba quedando en evidencia era que en España existe una cadena perpetua encubierta más dura que ninguna de las cadenas perpetuas legales existentes en Europa.