Explotación laboral a los presos en C. P. Córdoba

Alrededor de medio centenar de internos del centro penitenciario de Alcolea están siendo sometidos a explotación laboral, según denunció ayer Valentín Aguilar, vocal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH).
Los reclusos de los talleres de cocina "trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 8 y cuarto de la tarde"; a los de confección industrial se les paga a destajo hasta un máximo de 150 euros, y los de lavandería están en una situación similar. Ninguno llega al salario mínimo interprofesional, trabajan 70 horas en siete días seguidos y solo descansan al octavo, una situación "casi de esclavitud" que ha hecho a esta asociación acudir al juzgado de lo Social, "que nos ha dado la razón" en dos sentencias.
Aguilar señaló que "la hora sale a 0,80 euros, no les pagan las horas extras y no hay vacaciones", a lo que se suma que "los presos tienen derecho al trabajo pero muy pocos tienen acceso".
La dirección de la cárcel cordobesa ha negado estos extremos y ha subrayado que los sueldos están consensuados y que "en ningún caso se paga a 0,80 la hora". A esto ha añadido que "no todo el mundo quiere ni puede trabajar mientras cumple condena", según Efe .
De otra parte, Esther Muñoz, delegada de APDH, puso de relieve "las condiciones infrahumanas" de los presos derivados al hospital General, y dijo que se han dado casos de reclusos "que han estado esposados de pies y manos" a la cama, un hecho "insostenible en un Estado de derecho".
Según dijo Muñoz, los internos "no tienen derecho al sistema sanitario público, en las cárceles no hay especialistas y tienen que acudir al exterior". El espacio habilitado en el hospital "ha sido remodelado sin planificación y ha tenido consecuencias lamentables", entre otras, que las visitas de familiares "han sido casi imposibles en ocasiones", ya que deben contar con la autorización de comisaría, y no de la dirección del centro penitenciario.
Muñoz explicó que "hemos recibido varias quejas en mayo y junio" e insistió en "los criterios economicistas" a la hora de prestar atención sanitaria a los presidiarios.
Fuente: Diario Córdoba